A la Justicia contra YPF-Chevron

La novela de la sociedad entre YPF y Chevron en Vaca Muerta sumó un nuevo capítulo a pocos días de que la Legislatura apruebe el convenio entre la Provincia y la petrolera nacional. 

Ayer entró en escena el candidato a diputado nacional por Compromiso Cívico Neuquino (NCN), Rubén Etcheverry, quien presentó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) un pedido de inconstitucionalidad contra el andamiaje legal sobre el que descansa el  acuerdo. 

Las normas rechazadas son tres. En primer lugar está el Decreto 1208/13, que aprueba el convenio entre YPF y la Provincia y que fue enviado a la Legislatura. 

Luego el Decreto 1162, por el cual el Ejecutivo neuquino adhirió al régimen de promoción que creó la Nación para las petroleras que inicien proyectos de inversión superiores a los 1.000 millones de dólares. Por último, el Decreto 442, que legalizó la no realización de audiencias públicas en las autorizaciones para yacimientos no convencionales.

"DESPOJO"

“El decreto principal es el 1208, firmado por el gobernador Sapag y que es el que aprueba el acuerdo entre la Provincia e YPF, autorizando cesiones que se hicieron sin consulta previa a la Provincia, delegando facultades ambientales para que la empresa se controle a sí misma, con exenciones impositivas escandalosas”, aseguró Etcheverry.

También consideró que “si los diputados aprueban este acuerdo, se tratará del mayor despojo que hayamos sufrido los neuquinos porque son numerosas las normas que se violan, incluso va en contra de la misma Ley de Hidrocarburos”. El ex presidente de Gas y Petróleo del Neuquén (G&P) agregó que, si YPF no tiene la capacidad de realizar las inversiones, la Provincia debería revertir el área y llamar a licitación pública.

Con respecto al Decreto 442, la presentación del candidato de NCN señala que, “por simple voluntad del Poder Ejecutivo provincial, se evade ilegítima e irrazonablemente la aplicación del recaudo constitucional y legal  de la celebración de audiencia pública con carácter previo a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental”. Advierten que el Ejecutivo no tiene competencia y potestad legal para dictar normativa en materia de protección del ambiente, sino que es de incumbencia exclusiva del Poder Legislativo.

Por otro lado, la presentación judicial asegura que los decretos 1162 y 1208 violan las constituciones Nacional y Provincial al modificar el procedimiento de reversión de áreas a la Provincia y de adjudicación de concesiones de explotación. Agrega también que “se altera ilegítimamente el plazo de duración de las concesiones de explotación”. A su vez, objeta el concepto de “continuidad geológica” que plantea el régimen de promoción que lanzó la Nación para los yacimientos no convencionales. 

Bajo ese precepto, una petrolera que tenga un área y que su vez sea titular de una concesión de explotación adyacente y preexistente a la primera podrá solicitar la unificación de ambas áreas como una única concesión de explotación no convencional, siempre que demuestre la continuidad geológica de ambos sectores. La denuncia de Etcheverry asegura que se trata de “una verdad de perogrullo, puesto que la formación Vaca Muerta se extiende en toda la cuenca neuquina”.

Otro de los aspectos denunciados es la extensión de la concesión de Loma Campana por 22 años, al que considera una “prórroga ampliada, concepto y figura inexistente en toda la normativa hidrocarburífera provincial y nacional vigente y sin ningún tipo de fundamento legal que respalde lo mencionado”. También se discute el trato tributario diferencial que tendrá la sociedad YPF-Chevron.

Fuente: Diario La Mañana Neuquén