Petróleos Mexicanos bajo amenaza de privatización

La primera estatización petrolera ocurrió con anterioridad a la Revolución Bolchevique, en 1913. La aplicó el conservador Winston Churchill cuando dirigía el Almirantazgo (Marina de Guerra inglesa), que, en previsión de las necesidades energéticas estatales en vísperas de la Primera Guerra Mundial, adquirió el 51% de las acciones de la Anglo-Persian Oil Company, que de inmediato adquirió el nombre de British Petroleum. Empresa estatal que continuó con esta calidad hasta que en la década de los ochenta la privatizó la conservadora Margaret Thatcher.

Aunque ya la primera nacionalización petrolera fue realizada en Bolivia (1936) por el entonces presidente Germán Busch Becerra, casi todos los estudios sobre la materia apuntan a la segunda, la de Lázaro Cárdenas del Río (1938), como la primera nacionalización petrolera. El motivo es de carácter formal; en todas las leyes, decretos y reglamentos emitidos con el fin de nacionalizar el recurso energético boliviano no se empleó el término “nacionalización”, sino el hecho se presentó como “rescindir el contrato de la Standard Oil por incumplimiento”.

Aunque Bolivia tuvo que volver a nacionalizar su petróleo en otras dos ocasiones, Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) data de aquellos años heroicos. Igualmente, Petróleos Mexicanos (Pemex) datan de los mismos años. En otras palabras, YPFB y Pemex son las más antiguas empresas estatales petroleras.

A partir de la aguda crisis de la deuda exterior mexicana en los años ochenta del siglo pasado, el auge del modelo neoliberal, la firma en noviembre de 1993 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en especial durante los gobiernos derechistas del Partido de Acción Nacional (PAN) de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa se multiplican los intentos de privatización del recurso energético y de la empresa estatal Pemex. Intentos neutralizados por la oposición de las fuerzas populares mexicanas que no lo permitieron. Con el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, del tradicional Partido Revolucionario Institucional, parece que vuelven los mismos intentos, con los mismos argumentos y las mismas finalidades.

He aquí una somera exposición de los antecedentes, la problemática y sus implicaciones.

Nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas del Río

Lázaro Cárdenas fue elegido en 1934. El nuevo presidente inició una política de reformas en la educación y en la agricultura, expropió a los terratenientes y repartió tierra entre agricultores. En 1937 nacionalizó los ferrocarriles. En ese año, los obreros petroleros iniciaron una huelga reclamando mayores salarios y acceso a puestos de responsabilidad en las empresas petroleras. En 1938, la Suprema Corte emite una sentencia favorable a los reclamos obreros y a raíz de esta sentencia Cárdenas expropia a las transnacionales petroleras y crea la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

El embargo petrolero fue impuesto de inmediato de parte de las transnacionales, lo mismo que las rupturas de relaciones diplomáticas. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad apremiante de petróleo modificó el panorama paralelamente a un proceso de negociaciones que terminó con el pago, de parte mexicana, de 175 millones de dólares por las expropiaciones.

Entre lo privado y lo público

Aunque todavía hay voces y defensores que consagran la explotación privada, y si ésta es de las empresas transnacionales mejor, la realidad de los datos concretos se empeña en demostrar lo contrario no sólo en un país, sino en todo nuestro globo terráqueo, más ahora con la crisis estructural que sufre el sistema capitalista en su fase neoliberal. He aquí algunos datos sobre la explotación de las transnacionales del petróleo mexicano con anterioridad a su nacionalización:

“…se construyó la primera hidroeléctrica de la nación (en Necaxa, Puebla) y se dio inicio a la explotación de los yacimientos petrolíferos, que colocaron a México en el primer lugar mundial de exportación de petróleo en la década de 1910. Cabe mencionar que los ricos campos petrolíferos de Faja de Oro y Cerro Azul, localizados en el norte del estado de Veracruz, fueron brutalmente agotados por la Standard Oil Company, Royal Dutch Shell y sus subsidiarias mexicanas, con un magro beneficio para el erario mexicano” Ahora bien, los frutos de la nacionalización de Lázaro Cárdenas habrá que verlos a partir de la Segunda Guerra Mundial debido al bloqueo al que fue sometido el país. En este contexto se puede afirmar que en aquellas décadas posteriores al conflicto la economía mexicana tenía un carácter mixto, es decir, la inversión provenía tanto de la iniciativa privada como del Estado.

Los sectores estratégicos fueron convertidos en industrias paraestatales, tal fue el caso de la explotación minera, la siderurgia, la producción de electricidad, la infraestructura carretera. Con la intención de favorecer la transferencia tecnológica, el Gobierno permitió que muchas firmas internacionales establecieran filiales en el país, aunque siempre asociadas al capital nacional. La agricultura, por otro lado, era fuertemente subsidiada por el Estado, que se convirtió en el principal intermediario de los productos agropecuarios. Durante el período comprendido entre 1950 y 1970, la economía de México creció a un ritmo de 6,27% anual, en lo que se dio en llamar el “milagro mexicano”.

Crisis, mercado y comercio, libres y privatizaciones

Sin embargo, después de más de dos décadas, México entró en una fase de crisis. El problema de la deuda externa fue tan agudo en México como en el resto de los países de América Latina, que llevó al país, en 1983, a casi una bancarrota, sin tener capacidad de pagar sus deudas internacionales.

Las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional se aplicaron a rajatabla con la típica austeridad en el gasto público, especialmente en las áreas sociales, además, los últimos gobiernos del PRI y los del PAN se dieron a una febril venta del conjunto de las empresas estatales, de las cuales se han salvado hasta el momento dos: la petrolera Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con la firma del Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá, el Gobierno mexicano lanza una sostenida política de fomento al sector exportador. El elevado precio del petróleo favoreció los planes económicos de los gobiernos mexicanos, “los resultados macroeconómicos se fortalecieron con bajas tasas de interés y de inflación, que se situaron (los resultados macroeconómicos) entre el 3,5 y 4 por ciento de promedio”. Es decir aún muy por debajo de los resultados dados en las décadas de economía mixta. Esto sin contar con el agudo problema de la distribución de la renta, que se ha ido agravando aún más con la economía exportadora que tiende a concentrar la riqueza en pocas manos.

El truco de siempre: Descapitalizar la empresa estatal para privatizarla

Es más, la política económica neoliberal de los mencionados gobiernos les llevó a despreciar la bonanza petrolera. “No obstante, diversos analistas censuran que el Gobierno haya desaprovechado los ingresos extraordinarios por venta de petróleo y que éstos se usaran sólo para equilibrar el gasto público, en detrimento de la inversión”. Esta política tiene sus repercusiones tanto respecto a Pemex como a la situación petrolera de México. Es una especie de política ya conocida en otras partes del mundo, de descapitalizar la propia empresa estatal de petróleo mediante el uso de sus ingresos en los gastos corrientes y no en la inversión. De este modo, en el mejor de los casos, se mantienen fijas las reservas petroleras y en la mayor parte van disminuyendo peligrosamente, al tiempo que la economía del país va deteriorándose precisamente por esta poca inversión. Es un modo eficiente de reclamar, como salida, la privatización de la empresa estatal, tal y como ocurrió con YPFB en tiempos de Gonzalo Sánchez de Lozada y como está ocurriendo ahora con Pemex.

De entrada, ya se ha roto el tabú de no contratar de parte de Pemex a una empresa extrajera para cumplir actividades en México, mientras el debate a nivel legislativo, institucional y político se mantiene sobre la reforma al artículo 27 de la Constitución, de modo que se permita la inversión privada nacional o extranjera en este ámbito. Pemex produce 3,76 millones de barriles diarios de crudo, mientras sus reservas son tan sólo del orden de 15.000 millones de barriles. Si no se produce un cambio en la política petrolera mexicana, si Pemex no reinicia las operaciones de exploración, explotación, etc., no hace falta anunciar cómo será el fin. Para darse idea de cómo era la situación de Pemex antes da la asunción al poder de Enrique Peña Nieto, son elocuentes los siguientes datos: el año 2008, la deuda de Pemex fue de 107 mil millones de dólares. Con todo y como un hecho paradójico con esa política privatizadora es que esa entidad aporta más del 50% del presupuesto del Estado mexicano.

Halliburton y la privatización de Pemex

Halliburton es la más grande empresa transnacional en el sector de prestación de servicios a las empresas petroleras. Tuvo como presidente (quien ocupó el cargo de Vicepresidente durante la presidencia de George Bush hijo) a Richard Cheney. Bien, Halliburton ya en 2008 tenía firmados 160 contratos por valor de dos mil millones de dólares. Gran parte de estos contratos los firmó Halliburton con la Pemex Exploración y Producción, subsidiaria de Pemex, con el fin de perforar pozos, y para su mantenimiento. Lo paradójico del caso es que Pemex tiene, desde 1938, suficiente experiencia en este campo, y precisamente Pemex Exploración y Producción es la que se encarga de estas tareas.

Con posterioridad, Halliburton, como premonición de la privatización que viene, instaló en Monterrey (norte de México) sus fábricas de tubos y otras herramientas necesarias para sus prestaciones de servicios petroleros.

Dicho de otro modo, el ingreso de las transnacionales petroleras en las actividades del sector ya es un hecho y no necesita ninguna reforma, como pretende el actual gobierno de Enrique Peña Nieto.

La actual reforma energética

En realidad, se han presentado tres proyectos de reforma energética al Congreso mexicano. La primera fue presentada por el PAN, cuyo proyecto aboga por una apertura total a la inversión privada en toda la cadena productiva, incluida la transportación.

El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya presentación la hizo el presidente Enrique Peña Nieto, si bien no llega al extremo neoliberal panista, propone modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución para introducir la participación privada.

Mientras, la iniciativa del PRD promueve cambios a 12 leyes y la creación de una nueva legislación sobre excedentes petroleros, pero en ningún caso pide modificar la Carta Magna, pues considera que con esas propuestas y con liberar a Pemex de la carga fiscal actual tendría suficientes recursos para su modernización y desarrollo.

De hecho, los criterios de expertos y de la prensa giran en torno a las proposiciones de Peña Nieto y Cuauhtémoc Cárdenas (hijo de Lázaro Cárdenas), fundador del PRD y artífice y presentador de la iniciativa de ese partido de izquierda.

Para entender cabalmente la propuesta oficial, cabe mencionar el comentario del Citigroup (dueño de Banamex y de un importante bloque accionario de Exxon Mobil): “Permitir a las firmas registrar algunas reservas les facilita financiarse”, pero quitar esas restricciones es algo secundario. Lo importante es “la propuesta del Gobierno (mexicano) de modificar la Constitución para que los privados desarrollen campos (petroleros) por primera vez desde 1938”. En cambio, Bloomberg agregó que si hasta ahora “el petróleo y toda la cadena productiva, refinación y distribución ha sido la propiedad legal del pueblo mexicano desde 1938” eso cambiaría. Ahora, otras firmas podrían hacerlo “corriente arriba” (exploración y extracción) hasta agotar el recurso, interviniendo además “corriente abajo”, en la inmensa cadena de transformación, distribución y comercialización.

En cambio, veamos las líneas generales de la propuesta del PRD. Ésta incluye cambios a 12 leyes secundarias, entre ellas reducir el actual régimen fiscal al que está sometida la empresa estatal, calificado por Cárdenas como confiscatorio, económicamente irracional y financieramente insostenible.

Las propuestas perredistas buscan conceder autonomía presupuestal y de gestión a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, además de transformar a ambas en empresas públicas. Conciben también dar un nuevo destino al excedente petrolero, como por ejemplo utilizarlo en el desarrollo prioritario de la educación y la salud.

Como elemento nuevo a las ideas mucho antes anunciadas por el PRD, Cárdenas valoró la importancia de promover una consulta popular, dado el caso de que por mayoría el Congreso apruebe, con el voto (del PAN y el PRI) en contra de los legisladores patriotas, las reformas encaminadas por el Ejecutivo para cambiar la Constitución.

Ello sería posible a partir de lo estipulado en el artículo 35 constitucional, según explicó, el cual da derecho a los ciudadanos a votar en consulta popular si se logra al menos la cantidad equivalente al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Aclaró que como tal ese precepto no está reglamentado por una ley secundaria, y la campaña deberá montarse ajustada al texto constitucional, por lo que la consulta popular deberá realizarse concurrente con la próxima elección federal el primer domingo de julio de 2015.

La estrategia de la izquierda mexicana buscará echar para atrás las reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, dado el caso de que lleguen a acordarse tales cambios en ambas cámaras con los votos del PRI, del PAN y de otros legisladores proclives a esa tendencia.

En fin, se puede concluir que, exceptuando ciertos detalles, en el fondo esta historia ya se ha visto y se vivió en otros lugares de nuestros países del sur. La afirmación del presidente Evo Morales sobre el constante empeño de los colonialismos de saquear nuestros recursos naturales es más que certera. La tarea de impedirlo es de los pueblos del sur. 

Fuente: http://www.hidrocarburosbolivia.com