Bolivia: Observan procesos de contratación directa para empresas estratégicas

El documento de Unidad Nacional (UN) sobre un supuesto sobreprecio en tres obras gubernamentales pone en tela de juicio los decretos que avalan los procesos de contratación directa emitidos para agilizar la ejecución en las empresas estratégicas del Estado. El analista en temas políticos, Carlos Cordero, explica que los procesos de licitación garantizaban un manejo transparente en la función pública, mientras ahora se saltan estos procedimientos con el riego de generar corrupción.

El documento “La verdad sobre la corrupción en el gobierno de Evo Morales” presentado en la semana por el jefe de UN, Samuel Doria Medina, explica que el Presidente a un año y medio de haber asumido el mando del país emitió el Decreto 29190 del 1 de julio de 2007 que modifica la reglamentación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, permitiendo las contrataciones directas para las empresas estratégicas del Estado.

Poco después se conformó el grupo de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) donde se encuentran desde la estatal petrolera hasta Cartonbol, Lacteosbol o Papelbol, incluso la Empresa Cementera Estatal que fue anunciada recientemente por el Gobierno central para hacer competencia a las empresas privadas del rubro.

El Decreto 29506 fue más allá dando atribuciones a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para elaborar un reglamento interno para los procesos de contratación directa. El Decreto 29576 del 21 de mayo de 2008 extiende esas facultades para las demás empresas estratégicas del Estado.

El documento de la oposición expone estos antecedentes como la base para que no existan mecanismos de control en las contrataciones directas e incluso contrataciones por excepción, lo cual podría haber generado los supuestos sobreprecios en las obras de la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo en Cochabamba, el ingenio de San Buenaventura y el teleférico en La Paz con un gasto de 382 millones de dólares.

Sobre la denuncia, la respuesta vino desde el vicepresidente Alvaro García, quien pidió a Doria Medina “informarse mejor” y dijo que existen “listas de proponentes”, por lo que decir que no se cumplen los procedimientos “es asesinar la verdad”.

Para Carlos Cordero no existen delitos al verificar las contrataciones directas pues se abrió un “paraguas” legal con la emisión de estos decretos que benefician a las empresas estratégicas del Estado. Sin embargo, sí generan dudas por el manejo de millones de dólares que contrastan con el discurso anticapitalista del Gobierno, pues al hacer este tipo de contrataciones el Estado boliviano recibe y atiende los precios del libre mercado.

“Es probable que San Buenaventura, por ejemplo cueste el doble, pero no se puede corroborar porque se hace la contratación directa y el Gobierno debe acatar los precios que el mercado le pide. El Gobierno no hizo nada ilegal, pero ante la opinión pública la imagen del presidente no está bien porque se ve un despilfarro de millones de dólares que dejan dudas sobre el manejo y la transparencia que debiera existir”, explicó.

Las reglas del libre mercado, reiteró, son las que imponen precios y ante la urgencia del presidente por realizar obras salta esos procedimientos y acorta plazos “comprando” lo que el proveedor le ofrece al país.

“Haber eliminado las licitaciones y tener estos resultados demuestra que los funcionarios públicos no hacen bien su trabajo, es una evidencia de la incapacidad estatal y sólo con un nuevo gobierno se podría investigar estas situaciones, pero existe la posibilidad de que el próximo gobierno también retome estos decretos para facilidad de las empresas estatales”, dijo.

En anteriores intervenciones en radio Fides, el analista y experto en temas municipales, Iván Arias, ya cuestionaba la forma en la que las empresas públicas realizan sus procesos de contratación directa obviando un sistema que fue desarrollado durante años para evitar casos de corrupción.

Pese a estos procesos empresas como Papelbol no terminan por despegar y desde el propio Gobierno se ha denunciado hechos de corrupción.

DATOS

Grupo de Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE): Mina Huanuni, Empresa Siderúrgica Mutún, Corporación Minera de Bolivia, Empresa Metalúrgica Vinto, Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Lácteos de Bolivia (Lacteosbol), Papeles de Bolivia (Papelbol), Cartones de Bolivia (Cartonbol), Empresa de Comercialización, Cemenstos de Bolivia, Depósitos Aduaneros Bolivianos, Azúcar de Bolivia y Boliviana de Aviación (Boa).

Fuente: EL DIARIO