Cambia, todo cambia

Hace dos años Cristina Fernández, pese a los pronósticos de la oposición, se imponía con una clara ventaja en las primarias presidenciales; el viceministro de Economía, Axel Kicillof, explicaba en el Senado argentino las razones de la expropiación de YPF. Estos hitos han vuelto a la memoria colectiva porque el gobierno de Cristina Fernández confirmó los desastrosos pronósticos en las primarias legislativas, y porque la propia presidenta anunció el acuerdo de YPF con la petrolera estadounidense Chevron. Quién lo hubiera dicho.

El acuerdo -que en verdad es un joint venture- llegó luego de diez meses de negociaciones y afecta a uno de los mayores yacimientos de petróleo y gas no convencional en el mundo, Vaca Muerta, ubicado en las provincias de Neuquén y Río Negro. El monto comprometido es de US$1.500 millones.

El comunicado de YPF señaló que en la primera etapa se perforarán unos 100 pozos. En la segunda se contempla llegar a 1.500, para llegar, hacia 2017, a una producción de 50.000 barriles de petróleo y 3 millones de m3 de gas natural por día. Pero para eso falta mucho.

Coro de críticas. Pese a que cualquier inversión en el sector de hidrocarburos debiera contar con el beneplácito de todos (Argentina cada año importa más de US$11.000 en gas), las críticas comenzaron con algunas cláusulas de confidencialidad que incluye el acuerdo. Algunos ex secretarios de Energía manifestaron su preocupación y se refirieron al modo en que se manejó esto “como si se tratara de un acuerdo entre dos empresas privadas”: consideraron además improcedente que la zona de concesión (20 km2, 5% del yacimiento) se prorrogará en diez años sobre los 25 ya existentes y advirtieron sobre la carencia de un plan estratégico energético: por un lado se pretende licitar centrales nucleares por un monto de US$42.000 millones y, por el otro, se llega a este acuerdo.

Jorge Lapeña fue uno de los firmantes de ese documento, y en una columna en el diario La Nación agregó otros tres aspectos a tener en cuenta. Primero está el tema medioambiental: para operar Vaca Muerta hay que hacerlo con una tecnología muy invasiva, como el fracking, aunque Miguel Galuccio calificó como “mito” el impacto ambiental por ser un “pedacito de territorio”. Luego, el aspecto indígena, pues las tierras donde se perforará son originalmente de los mapuches. Y, por último, los saldos de la saga Repsol, la multinacional española que “no cobró el precio por las acciones de YPF expropiadas”.

Por otro lado, Daniel Montamat, otro de los firmantes del documento y ex asesor de Repsol, pone el énfasis en el doble discurso del gobierno. Según él, por un lado buscó exacerbar el sentimiento nacional ocultando su fracaso en la política energética y culpando al Grupo Repsol del problema, “cuando antes había acordado con ellos una desinversión y la incorporación al capital de YPF del grupo argentino Eskenazi [cercano a los Kirchner]”. Pero cuando se da cuenta de que la expropiación de Repsol sin indemnización estaba generando problemas para captar inversores “llega a este acuerdo con Chevron, que no significa mucho en monto de inversión para los volúmenes que compromete el desarrollo de Vaca Muerta, que requiere unos US$10.000 millones por año en la próxima década”.

Montamat advierte que antes la empresa estadounidense deberá solucionar el embargo que tiene sobre sus cuentas debido a una orden internacional emitida por un tribunal en Ecuador. Para Montamat, Repsol, al igual que otras empresas extranjeras en Argentina, sobreexplotaron yacimientos en producción e hicieron una mínima inversión exploratoria, lo que depredó reservas, sobre todo de gas: “Pero Repsol, Chevron y otros actores del mercado argentino hicieron lo que hicieron por la política energética que implementó el gobierno”. Este ex secretario de Energía señala que “las intervenciones discrecionales en un sector capital intensivo traen consecuencias nefastas en el largo plazo”. También habrá que negociar con España una salida a la expropiación.

Por su parte, Sebastián Scheimberg, coordinador del área de Energía de Fundación Pensar (vinculada al opositor PRO), cree que el acuerdo está muy verde, que es mayor la urgencia que la estrategia. Como el gobierno carece de estrategia, todos los problemas se plantean como urgencia: “Como no vio que nos íbamos a quedar sin gas, tuvo que salir a la desesperada, porque si hubiera estrategia no hubiera expropiado de la forma que expropió”. Scheimberg concuerda en este punto con Daniel Montamat y se pregunta “quién iba a invertir cuando no se dio una compensación por la expropiación a Repsol”.

Pero el acuerdo YPF-Chevron no soluciona el déficit de gas porque establece, a juicio de Scheimberg, explotación exclusivamente de shale oil. Por eso estos acuerdos son a cuentagotas con relación a la magnitud del problema. También preocupa que no se pueda mostrar el contrato, algo que refuerza la idea del doble discurso del gobierno: por un lado las compañías extranjeras son un enemigo, pero cuando se las necesita recurren a ellas. Se puede estar planeando incluso “llegar a un acuerdo con Repsol, pero claro, eso no lo dicen”, apunta Scheimberg. Para trasparentar todo recomienda sentarse con todos los partidos representativos y hacer funcionar las comisiones de energía en el Congreso, para analizar, entre otras cosas, el impacto ambiental y ver cuál es la tecnología más adecuada para desarrollar el recurso que hay bajo tierra. Aclara que no está diciendo que YPF vuelva a manos privadas, sino más bien a evitar las ambigüedades.

Muchos Chevrones. Después de firmar el acuerdo en el edificio corporativo de YPF en Puerto Madero, el CEO de la empresa, Miguel Galuccio, advirtió que los recursos no convencionales “requieren de una actividad intensiva”. Un mes más tarde, durante la conferencia del Consejo de las Américas, señaló que “necesitamos muchos Chevrones en Argentina”.

Desde el oficialismo este cambio de discurso desde el nacionalismo duro hacia el pragmatismo tiene su explicación. Si bien no es un experto en el tema, Pablo Tigani, director de la consultora Hacer, cree que Argentina tiene un gobierno que no ignora lo que está pasando en el mundo, sino simplemente tiene otro enfoque. Tangencialmente explica por qué sí Chevron y por qué no Repsol: “España tiene problemas gravísimos, no sabemos si termina saliendo de la eurozona, o si las empresas de ese país tienen futuro, además la performance de las empresas españolas ha financiado actividades afuera de Argentina con los negocios que se hicieron en la Argentina”.

Tigani no esconde su cercanía con el modelo económico del gobierno, y asegura que el país ha importado energía cuando tiene todas las posibilidades de autoabastecerse. Frente a eso, Argentina por años intentó: primero, meter una burguesía nacional (el Grupo Eskenazi) en YPF para que tuviera una visión más local (generara empleo), pero le fue mal; y luego, ayudó a los españoles para que les fuera bien en el entendido de que iban a reinvertir, pero tampoco funcionó. En ese momento, explica Tigani, “el gobierno toma la decisión de expropiar, para diagnosticar la realidad desde el punto de vista de los intereses nacionales, y de ahí surgió que lo más conveniente era seguir con una alianza más estratégica con un monstruo mundial como Chevron”. A este economista le parece que ésa fue una buena elección, “más allá de los problemas que ha tenido la empresa en otros países”.

Más allá de las cláusulas o de los problemas (ambientales, indigenistas, Repsol) que surgirán, entre opositores y oficialistas hay concordancia en que, una vez aprobado en el parlamento provincial de Neuquén, el acuerdo YPF-Chevron deberá pasar inmediatamente al Parlamento nacional, con el fin de otorgar legitimidad y transparencia para seguir avanzando en el desafío que se planteó Miguel Galuccio hace un año: autoabastecimiento de energía. Para eso YPF, según sus propias cifras, necesita una inversión de US$37.000 millones. Falta mucho aún, pero por algo se empieza. Por lo pronto ya suena otro gran socio para la empresa: Exxon.

Fuente: Gonzalo León de http://www.americaeconomia.com/