Bolivia: Ley de hidrocarburos y subsidios por @bguzqueda

Recientemente la jefa de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Bolivia indicó públicamente algo que venimos reclamando desde 2006: urge una nueva Ley de Hidrocarburos.

La ejecutiva conversó sobre la importancia de fijar “incentivos eficaces” para la exploración de hidrocarburos que, ciertamente, en estos últimos años no sólo fue demorada sino está muy por detrás de la media continental de exploración. Ni hablar de la producción de líquidos o gas. Ambos episodios de la cadena hidrocarburífera boliviana cuentan con muy poco dinero de inversión externa/interna.

Es hora, entonces, de establecer lo que muchos bolivianos venimos pidiendo: una NPE nueva política energética.

No debemos dejar de lado el tema de los subsidios (fundamentalmente al diésel que es de baja producción en Bolivia), que es elevado y conforme al FMI debe haber una “reforma al subsidio” en razón a que el costo fiscal es elevado, y porque los principales beneficiarios no son los grupos más vulnerables de la sociedad.

Naturalmente lo ideal sería que se cobre el precio de combustibles conforme dicta el mercado internacional, lo que incrementaría notoriamente la recaudación fiscal, para ello utilizando herramientas como el gas natural vehicular que reduzcan tasas de consumo de combustibles líquidos. Así parte del subsidio iría a pre-financiar proyectos de conversión, insisto, de gas a diésel (tecnología GTL gas-to-liquids) de amplio éxito comercial en otros países.

Definitivamente alzar o igualar precios de combustibles a precios internacionales para el mercado nacional, de-generaría en incidencia o incremento de precios de otros productos industriales. Por ello es importante la recomendación del FMI de buscar implementar “un paquete de políticas macroeconómicas que permita hacer el ajuste y evitar la espiral inflacionaria”.

Varios analistas coinciden en que el gasto del subsidio es de más de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB), lo que genera otros costos. Para ponerlo en sencillo: es un mal negocio subsidiar cuando se podría generar iniciativas de industrialización de gas natural.

La ejecutiva del FMI reconoció de manera franca que la nacionalización de 2006 necesita capital privado para upstream/downstream y eso ha sido difícil de conseguir cabalmente por la inestabilidad de escenarios políticos y jurídicos.

Indicó claramente que “...es difícil avanzar en exploración en parte porque aún hay reformas legales en curso. Este proceso (nacionalizador), que ha sido largo y que no dio certidumbre al sector privado, puede haber impactado en el clima de negocios y en la posibilidad de atraer más inversión a ese sector...”, palabras que reflejan claramente lo que se viene diciendo desde 2006. Dijo cosas que todos sabemos y que las dijimos hasta el cansancio pero que viviendo desde afuera seguro serán escuchadas: “...la ley de hidrocarburos es una de las leyes que se deben finalizar para dar certidumbre al inversor privado...”.

Ciertamente un país sin legislación clara nada menos que en su principal fuente de riqueza es muy difícil que logre desarrollo de la industria del gas y petróleo.

Insistimos, sin cansarnos, que Bolivia perdió la oportunidad en 10 años en desarrollar la industria de valor agregado en gas. No hay Ley de Hidrocarburos. No han incrementado las inversiones ni los procesos de exploración, ni menos producción de gas natural; no hay más mercados, ni se empezó con la industrialización a escala del gas natural.

El autor tiene un doctorado honoris causae otorgado por una prestigiosa Universidad de Asunción. Profesor de Maestría en energía e hidrocarburos. Ejecutivo y consultor del sector privado.

Por: Boris Santos Gómez

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