ARGENTINA: Darán beneficios a inversiones más chicas que las de Chevron

La Nacion / Pese a las fricciones, pedidos de aclaración y molestias de algunos de los gobernadores de provincias petroleras, el Gobierno avanza sin pausa en la elaboración de un proyecto de ley de hidrocarburos que espera enviar al Senado en los próximos días.

Tras la reunión de la presidenta Cristina Kirchner con los líderes provinciales anteayer, los principales puntos de la futura norma quedaron plasmados en un documento de 11 páginas que Carlos Zannini repartió a la hora de la merienda en la residencia de Olivos. Los gobernadores evitaron firmar el texto. Argumentaron que preferían tomarse un tiempo para estudiarlo. De todas maneras, la decisión de la Casa Rosada es avanzar sobre su base.

El documento de discusión recoge parte de las conversaciones entre la Presidenta y el CEO de YPF, Miguel Galuccio, que insiste desde el año pasado en la necesidad de mejorar el perfil del país para la inversión.

El proyecto contempla la creación de un régimen de promoción a la búsqueda y producción de hidrocarburos para las empresas que destinen al menos US$ 250 millones a un proyecto específico. Si bien se trata de un número suculento, no impresiona a los barones del crudo, acostumbrados a hacer inversiones importantes. Hasta ahora, sin embargo, no se especificó en qué lapso deberían hacerse los desembolsos para entrar en el régimen.

En ese punto, el proyecto de ley sigue el espíritu del decreto 929 del año pasado, el paraguas legal que le otorgó el Gobierno a la norteamericana Chevron como paso previo a la firma de un acuerdo de inversión con YPF. Establece beneficios adicionales para quienes ingresen un piso de US$ 1000 millones. La nueva ley, sin embargo, reducirá 75% esa obligación.

El gobernador de Chubut defendió ayer la medida. Sostuvo que se estudian "una serie de mecanismos de parte del Estado nacional que van a permitir convertir en ley aquel viejo decreto 929 que facilitó el acceso de Chevron a Vaca Muerta, o el decreto 927, que permitió importar equipamiento para explotarlo. Esto, que ha servido para Vaca Muerta, es lo que tiene que servir para que podamos sacar en el Golfo San Jorge el petróleo del D-129, de la recuperación terciaria, del mar, que es muy costoso de obtener", explicó.

A cambio, las empresas podrán exportar sin retenciones hasta 30% de su producción y girar las utilidades, por lo que también estará garantizado el acceso al mercado cambiario, algo que hoy no ocurre.

Para acceder al régimen de promoción, las petroleras deberán hacer concesiones. El borrador en circulación prevé la creación de dos fondos a favor de las provincias en las que se desarrolle la explotación. El primero contempla la cesión, por parte de las compañías, de un 0,5% de la inversión a un fondo de responsabilidad social empresaria. Es un mecanismo que YPF puso en práctica en Neuquén con la firma del acuerdo con Chevron.

El segundo implica la conformación de un fondo para obras de infraestructura que será alimentado con un 1% de la inversión. Esos recursos, sin embargo, serían aportados por el Estado. También en este punto el borrador de la nueva ley sigue el modelo de YPF-Chevron. En esa ocasión, el Gobierno le prometió a Neuquén inversiones por $ 1000 millones.

Ambos fondos quedarían bajo el manejo de los gobernadores. A cambio deberán ceder mucho de su poder sobre el negocio. El borrador que circula es estricto: sólo podrán participar de la renta petrolera a través del cobro de regalías (12% sobre el precio de venta). Por lo que deberían resignar el cobro de un canon de ingreso en un área, así como la posibilidad de sumar a sus empresas provinciales a los proyectos. Los mandatarios intentarán discutir ese punto el próximo lunes, cuando se reúnan con el ministro de Planificación, Julio De Vido, para avanzar en definiciones.

Tanto las provincias como la Nación parecen estar de acuerdo en reducir los tiempos que les otorgan a las empresas para hacer la exploración en busca de recursos petroleros. Hoy, ese trabajo puede durar hasta 10 años. Si bien no está previsto a cuánto se reducirá, será más corto para "evitar operaciones inmobiliarias" con los activos petroleros, según definieron en una de las gobernaciones que participan de las discusiones. .



Con Información de La Nacion