Ecuador ofrece disculpas públicas a indígenas por explotación petrolera
El inédito hecho se produjo en la comunidad de Sarayaku, en la provincia amazónica de Pastaza, en cumplimiento de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida hace dos años en favor de los indígenas.
Tras el evento, una avioneta se accidentó al momento del despegue en la comunidad Sarayaku, dejando cuatro personas muertas y dos heridas, dijo el Gobierno en un comunicado.
El diario local El Universo informó en su sitio en Internet sobre el fallecimiento de un fotógrafo que colaboraba con el medio y se encontraba en la avioneta en el momento del accidente.
Las disculpas públicas que ofrecieron funcionarios del Gobierno forman parte de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó al Estado ecuatoriano de una violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal y a la identidad cultural de la comunidad.
"Ofrecemos las disculpas públicas correspondientes por la violación a la propiedad indígena (...) al derecho a la consulta, por poner en grave riesgo la vida e integridad", dijo la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, en un acto público en la comunidad, a la que se accede únicamente vía aérea o fluvial.
El dictamen también dispuso una indemnización de 1,3 millones de dólares a la comunidad, que fue pagada el año pasado por el Estado, y la retirada del explosivo pentolita que se encuentra disperso en su territorio.
La dirigente indígena Narcisa Gualinga pidió a las autoridades "las garantías de que este tipo de casos no se volverá a repetir", según medios locales.
En 1996, el Estado ecuatoriano otorgó una concesión de exploración y explotación a la firma argentina Compañía General de Combustibles (CGC) para desarrollar actividades petroleras en la mayor parte del territorio de Sarayaku, ubicado en el corazón de la selva ecuatoriana.
La ley ecuatoriana dispone que para emitir una concesión se debe realizar una consulta previa a los pueblos indígenas que habiten en las zonas petroleras, requisito que no fue cumplido en el caso de esta comunidad.
Tras la concesión, se realizaron trabajos de sísmica y se utilizó pentolita para comenzar con la extracción. El contrato con CGC terminó por mutuo acuerdo con el Estado ecuatoriano en 2010.
Los indígenas presentaron la demanda contra el Estado en 2003.
Las disculpas podrían sentar un precedente para los reclamos que mantienen otras comunidades indígenas en contra de la explotación petrolera en el socio más pequeño de la OPEP por daño ambiental y a sus territorios ancestrales.
Fuente: eleconomista.es
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10/02/2014
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