El rey Midas al revés

Frederick Felder, quien dirigió Greystar hasta que se convirtió en Eco-Oro, escribió en la revista The Northern Miner (Canadá) un artículo que describe bien las dificultades que enfrentan las empresas mineras organizadas en el país. Felder reconoce que, aunque hay problemas sociales en torno a la minería ilegal tanto en Chile como en Perú, en Colombia los problemas se multiplican por la existencia de Bacrim, Farc, ELN y otros por el estilo.

Los problemas que enfrenta la minería a gran escala en Colombia son múltiples, según Felder: falta de apoyo institucional al sector; falta de políticas mineras y ambientales claras; marco regulador cambiante que resulta en inseguridad jurídica; fuerte clima socio-político anti-minero; y las instituciones gubernamentales no están preparadas para controlar operaciones mineras de gran escala.

En conclusión, “aunque Colombia quería atraer inversión minera, no fue exitosa a la hora de establecer políticas mineras y ambientales robustas y eficaces”.  Pero en el entretanto, tal ha sido el daño hecho al sector, que las grandes mineras están paralizadas, como Eco-Oro, Aux y Leyhat, o en plan de irse como Anglo Gold Ashanti y Gran Colombia Gold. Pero las cosas van mal no solo para la gran minería.

El nordeste antioqueño está paralizado. A raíz de la captura de John Úber Hernández de la empresa Goldex, las compraventas en Amalfi, Cisneros, Segovia, Remedios, Caucasia y otros municipios mineros están cerradas. Todos temen aparecer relacionados con John Úber y acabar en la cárcel. No solo el miedo al fenómeno John Úber, sino también por la exigencia por parte de la Agencia Nacional de Minería de tener al día el Rucom o Registro de Comercializadores Mineros, la minería tradicional y legal está en ascuas.

El problema es que es imposible conseguir el Rucom, porque exige, entre otros requisitos, estar al día con la Dian. Eso equivale a un paz y salvo que fue eliminado desde los ochenta. Otros tienen que sacar Certificado de la Cámara de Comercio. Y los alcaldes no están firmando certificados de origen.

Ya en las carreteras, el problema empeora. La Policía para sin discriminar a los transportadores y les exige ver los papeles (más de 100 para una exportación). Piden los certificados de origen, que no están, y con esa disculpa “retienen” el oro. En diciembre los policías tenían que aprehender por lo menos cuatro alijos. Con ello gozaban de vacaciones extendidas del 23 de diciembre al 5 de enero.

En un caso en Barbosa, los policías se cambiaron de ropa al momento de pedir la extorsión a un comerciante de oro que llevaba dos horas parado en la carretera. A otra compañía la Policía pretendía quitarle el oro en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, sin excusas. La piloto no se dejó, sobre todo cuando se enteró de que el plan era llevar el metal a la Estación de Policía.

El Estado tiene la mejor voluntad. Tanto el Ministro de Minas como la directora de la Agencia Nacional de Minería (ANM) son excelentes funcionarios. Los generales Acevedo y Mendoza que operan en Antioquia son troperos, honestos y decididos. Por su parte, países como Chile y Canadá tienen desarrollada la legislación para que haya minería de todo tipo. Colombia bien podría traer expertos internacionales para que nos asesoren.

La anterior ministra de Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, dijo en una conferencia minera en Cartagena en 2014 que “cada vez que me recuerdan de qué están hechas las cosas cotidianas o que permiten la civilización y mejoran la calidad de vida, me saben a m.....”. Nunca, a pesar de sus promesas, sacó los límites de Santurbán. Solo cuando vino Gabriel Vallejo, una persona del sector privado, se publicó la delimitación.

Por FANNY KERTZMAN