Conflictos en sector de hidrocarburos de Colombia han costado más de US$70 millones

Comunidades indígenas y líderes sociales parecen no haberse dado cuenta de que el sector de los hidrocarburos atraviesa una de las más duras crisis de los últimos años.

Una industria deprimida requiere impulso para seguir generando recursos para el desarrollo regional con responsabilidad ambiental. Hechos recientes, como la toma de la planta de gas de Gibraltar, dejan secuelas en la economía de la región y afectan a una población que no entiende por qué tiene que pagar un sobrecosto en las tarifas de gas. El aumento que han tenido los conflictos en la industria de los hidrocarburos entre 2010 y 2014 le han costado a los municipios productores $217.000 millones (US$72,3 millones), revela el informe Costos de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos en Colombia, de Jairo Núñez.

En las zonas de actividad de explotación y producción de hidrocarburos “se ha generado un permanente clima de tensión por las consecuencias negativas que perciben las comunidades en cuanto a destrucción medioambiental, ausencia de oportunidades laborales, falta de desarrollo económico del territorio, violación de derechos fundamentales como el de la consulta previa para comunidades indígenas”, resalta el estudio. Orlando Velandia director (e) de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), considera que conciliar es un pilar fundamental para el buen quehacer y devenir de una industria que es muy importante para el país pero que afronta una crisis.

A los costos que representa para los municipios y para la nación, por los menores ingresos fiscales, las compañías del sector también asumen importantes cargas como consecuencia de los bloqueos y demás vías de hecho, argumenta el informe. “Sin duda alguna, la industria de hidrocarburos y la minera tienen un importante reto en sus relaciones con el territorio y las comunidades”, señala Jaime Concha, de la Cámara de Hidrocarburos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). ¿Cuánto cuesta un día de operación de un pozo o no poder, por ejemplo —como en el caso actual de Gibraltar—, prestar el servicio de gas, alterando el suministro de un servicio público en el Oriente del país?, se pregunta.

La situación en la planta es tan delicada que el presidente encargado de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, advirtió de consecuencias graves. “Requerimos el ingreso de cuatro operarios especializados a las instalaciones de la planta de gas Gibraltar, con el propósito de asegurar los equipos e instalaciones, a fin de minimizar los riesgos…”. Estas tensiones se manifiestan en acciones de hecho mediante las cuales las comunidades buscan presionar a las compañías para que escuchen sus peticiones, dice Núñez. La situación de conflictividad se ha exacerbado en los últimos años, durante los cuales los bloqueos pasaron de 38 en 2010 a 343 en 2015, resalta el informe.

Lamentablemente, lo que se presenta la mayoría de las veces en el territorio son medidas de hecho o bloqueos o, como se conoce en el medio, “la pegada a la malla”, sostiene Jaime Concha. El estudio sobre los costos de la conflictividad social reconoce que “un gasto recurrentemente realizado por las compañías, particularmente Ecopetrol, tiene que ver con la inversión social en los territorios para menguar las tensiones con las comunidades en las zonas de influencia de los proyectos”. En su informe, Núñez recomienda a las comunidades y protestantes que “es importante que las comunidades dejen de ver a las compañías de hidrocarburos, particularmente a Ecopetrol, como las responsables de atender las necesidades básicas insatisfechas de la zona”.

En mayo de este año, Ecopetrol sufrió de nuevo por las protestas y las tomas de instalaciones petroleras. En la zona petrolera de Acacías y Castilla La Nueva (Meta) le reclamaron mayor contratación de mano de obra local y mantenerse como los intermediarios para la asignación de cupos laborales. Recientemente, el presidente de la Cámara Colombiana de Servicios Petroleros (Campetrol), Rubén Darío Lizarralde, advirtió de la existencia de mafias que se apoderan de los recursos por la explotación de los hidrocarburos. “Son mafias que llegan hasta el punto de explotar la mano de obra regional y cobrarles por darles la oportunidad de que sean contratados”.

“El país tiene un reto de institucionalidad en el territorio, especialmente en los próximos años, en donde es posible pensar que como consecuencia de la disminución del conflicto armado es posible que aumente la protesta social”, concluye Jaime Concha.

Fuente: El Espectador